La policía local ha descubierto un secadero ilegal de aletas de tiburón en la capital Gran Canaria.

La policía local ha descubierto un secadero ilegal de aletas de tiburón en la capital grancanaria. La mercancía, que sobrepasa los 250 kilos y es muy demandada en el mercado asiático para hacer sopa, fue hallada esta semana por los agentes en una azotea de la calle Montevideo, tras la denuncia realizada por un vecino.

Y es que los malos olores procedentes del secadero pusieron en alerta al vecindario de la parte baja del parque Santa Catalina, tanto que los policías locales divisaron el origen de los efluvios desde la casa del denunciante, un ático situado en otra calle distinta a la que se produjo el hallazgo. En concreto, observaron una gran cantidad de pescado colocado sobre bolsas de basura, por lo que procedieron a inspeccionar la vivienda con el permiso de su titular.

La sorpresa debió de ser mayúscula para los agentes, pues se encontraron con centenares de aletas de tiburón repartidas por la terraza para secarse al sol, incluso hallaron mercancía que estaba fresca, porque no se le había arrancado aún la piel para someterla al proceso de curación.

La explicación ofrecida por el propietario del género no convenció a los policías, que han abierto una investigación para tratar de determinar la procedencia de la mercancía. Su propietario, un ciudadano chino que ha trabajado para varios restaurantes japoneses de Las Palmas de Gran Canaria, sostiene que compró 800 kilos de aleta de tiburón por 90.000 euros para consumo propio.

Sin embargo, la Policía Local sospecha que el verdadero destino de la mercancía puede ser algún restaurante de la ciudad. De hecho, el propietario de las aletas de tiburón estuvo seis meses trabajando en dos negocios de la capital. Los agentes acudieron a uno de los establecimientos, pero sus responsables han negado que la mercancía fuera de ellos. También sostienen que su socio se desvinculó del negocio hace un mes.

Los funcionarios policiales siguieron la pista de la mercancía, la cual les llevó hasta el servicio de aduanas de la Autoridad Portuaria. Según los primeros datos, las aletas de tiburón salieron de un barco por lo cauces legales y con destino a una empresa radica en la Isleta.

El finning o pesca de tiburón para cortarles las aletas es una actividad prohibida en la Unión Europea desde 2003, pero España es la tercera potencia mundial y primera comunitaria en la captura de escualos, cuyas aletas exporta principalmente a Hong Kong a través de los puertos de Las Palmas y de Vigo (Galicia).

Los colectivos ecologistas llevan años acusando a las autoridades españolas de burlar la normativa europea para satisfacer la demanda del mercado asiático, donde se puede llegar a pagar hasta 600 euros por un kilo de aleta de tiburón.

En Canarias no existe ninguna investigación judicial relacionada con esta actividad, aunque sí hay pesquisas vinculadas al contrabando de mercancías en el puerto. La última de ellas, que fue pionera en la escena europea, supuso la detención e imputación de varios empresarios por el supuesto contrabando de R-22 en el puerto de La Luz y de Las Palmas, un gas para la refrigeración de barcos pesqueros cuya comercialización está prohibida o fuertemente restringida debido a su efecto dañino en la capa de ozono.

En las Islas sí se produjo en junio del año pasado una polémica entre el Gobierno canario y los ecologistas tras la autorización de un secado artesanal de aletas de tiburón en Arico, Tenerife. La empresa, radicada en Vigo, logró el permiso del Ejecutivo regional, que omitió el informe de impacto ambiental al considerar que la actividad no era dañina para el entorno. La iniciativa se vio luego paralizada por el Ayuntamiento, que se negó a conceder la licencia a dicha industria, bajo el argumento de que esa actividad es incompatible con la ganadería y la agricultura del municipio, además de suponer un atentado contra la especie.

Colectivos ecologistas como el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal en Tenerife (Pacma) emplearon argumentos similares para rechazar la instalación, pues calificaron de crimen que se capturen tiburones con la única finalidad de tirarlos al mar tras cortarles las aletas para su venta.

Los biólogos también se opusieron al considerar que una industria de esa naturaleza alteraría el ecosistema canario, entre otras razones porque en las islas no hay tantos tiburones como para que se reproduzcan a tiempo tras ser pescados. Por eso se prohibió esa práctica en EE.UU.








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